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Análisis de la propuesta de salud del candidato presidencial Gustavo Petro

Gustavo Petro nombró a Jaime Hernán Urrego Rodríguez como Asesor de Salud de la campaña. Urrego, es actualmente docente de la Universidad del Rosario en la Facultad de Medicina, específicamente en los temas de Salud Pública. Además, fue Subsecretario de Salud Pública de Bogotá y Gerente del Programa Territorio Saludable, el cual llegó a ser el programa más importante en cuanto a atención primaria en Colombia. Su tarea principal dentro de la campaña de Petro ha sido aportar nuevas ideas para contribuir a la construcción del programa de salud.

A partir del análisis realizado por ÁGORA, se estableció que el candidato presenta un interés medio-alto en el sector salud. Respecto a las acciones realizadas por el sector durante su contienda electoral, se han destacado tres discursos políticos y seis intervenciones en los medios relacionadas con salud. Cuando fue Senador de la República, fue autor de dos proyectos de Ley, sancionándose como Ley aquel que hacía algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Ahora bien, el candidato anunció el “Programa de Gobierno para una era de paz” con las siguientes propuestas en materia de salud:

  1. Gobernabilidad democrática y participativa: Creará un sistema único de salud pública, gobernado por un Consejo Nacional de Salud y de consejos territoriales que incluirán territorialidades indígenas y afrodescendientes. Los consejos estarán conformados por las autoridades sanitarias y por delegados de las comunidades, trabajadores, sociedades científicas, sector privado y academia. Sus funciones son dirigir la política en salud, la gestión integral, la coordinación de las redes de prestaciones públicas y privadas y la articulación con el fondo único de administración de los recursos en salud. Además, la intermediación administrativa y financiera en el sector salud será eliminada paulatinamente con la liquidación de las EPS y las ARL.
  2. Fondo Único de Salud: Este fondo servirá para garantizar transparencia en el manejo de recursos y va a estar a cargo del recaudo la administración, el pago y el control de los recursos en coordinación vinculante con los consejos nacional y territoriales, el Ministerio de salud y protección social, y las autoridades sanitarias a nivel de departamentos, municipios y territorios indígenas y afrodescendientes.
  3. Financiamiento público creciente y sostenible: El financiamiento se seguirá obteniendo mediante impuestos y aportes parafiscales a nivel nacional y territorial en una tendencia a aumentar el presupuesto general a través del control de la evasión y la elusión, aumentando el empleo y la formalización laboral y buscando que el gasto público en salud no sea inferior al 80% del gasto total en el sector.
  4. Un modelo de salud para el buen vivir: Se hará un modelo de salud integral que priorice la promoción y la prevención, y que mejore la atención y la rehabilitación con enfoque de derechos humanos, intercultural y diferencial.
  5. El país se organizará en territorios saludables para el buen vivir a escala veredal, de corregimientos y municipal en las zonas rurales: Se organizarán equipos especializados en diferentes áreas de la salud para brindar servicios y atención en todas las zonas del país. Estos equipos irán directamente a las familias en sus casas, a la niñez en los jardines y colegios, a los jóvenes en la universidad y a los trabajadores y empresarios en los centros laborales donde se intensificarán las acciones para prevenir accidentes y muertes en el trabajo.
    Así los ejes de la política de salud pública serán:

    1. Cuidado integral de mujeres
      gestantes y primera infancia; tamizaje neonatal integral y universal.
    2. Cero muertes por hambre, lucha contra el sobrepeso y la obesidad, impuesto a las bebidas azucaradas, promoción de una industria alimentaria sana.
    3. Atención digna e integral para las víctimas del conflicto armado.
    4. Reducción de la contaminación y mejoramiento de la calidad de aguas, aire, alimentos; mayor control de uso de sustancias tóxicas como asbesto, mercurio, plomo entre otras.
    5. Prevención y atención integral del consumo de drogas con enfoque de reducción de daño a través estrategias como los centros móviles de atención a drogadicción.
  6.  Servicios de salud prestados por una red público-privada: La atención a nivel primario estará a cargo de los hospitales públicos en el marco de su jurisdicción territorial en todo el país con un enfoque de atención primaria y salud preventiva, adscripción poblacional, resolutivo, participativo y con alto soporte tecnológico. Los servicios de salud de mediana y alta complejidad estarán a cargo de los hospitales públicos y privados.
  7. El gasto público financiará, sin barreras de acceso, las prestaciones no excluidas por la ley: los servicios cubiertos por el financiamiento público serán todos aquellos que no estén excluidos como prestaciones según los criterios de la Ley Estatutaria 1751 y por lo tanto no habrá restricciones administrativas para ningún grupo de tecnologías en salud que no haya sido excluido.
  8. Formación en salud de calidad y en equidad: la formación en salud en todos los niveles y áreas será fortalecida para alcanzar indicadores de cobertura de nivel internacional de médicos generales, especialidades médicas, enfermería y odontología entre otros, tanto en promedios como en distribución equitativa por todo el territorio.
  9. Medicamentos de calidad de acceso universal y a un costo justo para el país: se fortalecerán la regulación y control de precios, la declaratoria de interés público para la expedición de licencias obligatorias, la utilización de las flexibilidades del ADPIC, la revisión de los TLC, el fomento público de la investigación y el desarrollo de medicamentos, el uso racional basado en análisis de costo-efectividad, buenas prácticas, estricta farmacovigilancia y disponibilidad de información.

El gasto público financiará, sin barreras de acceso, las prestaciones no excluidas por la ley, es decir que los servicios cubiertos por el financiamiento público serán todos aquellos que no estén excluidos como prestaciones según los criterios de la Ley Estatutaria 1751 y por lo tanto no habrá restricciones administrativas para ningún grupo de tecnologías en salud que no haya sido excluido. Para asegurar la racionalidad del gasto, se fortalecerán todas las herramientas existentes de mejoramiento de calidad, oportunidad, autonomía médica, satisfacción, integralidad, validación científica y relación positiva costo-beneficio.

Conclusiones y temas no abordados por el programa del candidato

El programa de salud del candidato Petro se opone diametralmente al modelo de salud de aseguramiento con pluralismo estructurado, que tiene Colombia desde hace 25 años

De ser llevado a cabo, esto implicaría una gran reforma al sistema de salud de Colombia con consecuencias poco previsibles. En este orden de ideas, las principales inquietudes están relacionadas con los mecanismos jurídicos y recursos financieros con los que podrá contar Gustavo Petro, para llevar a cabo dicha reforma. Por otro lado, más allá de anunciar la creación de un sistema nacional de salud, al igual que con el candidato Duque, no se responde la pregunta acerca del problema estructural de sostenibilidad fiscal que enfrenta el sector salud, ni queda claro la proveniencia de los recursos para solventar la actual deuda en salud.

En conclusión:

  1. El programa del candidato Petro, dado que propone una reforma exhaustiva del sistema de salud, con un cambio de modelo hacia uno completamente opuesto, genera incertidumbre en torno a las consecuencias de dicho cambio, pero también, a la forma y recursos necesarios para ello.
  2. Específicamente, la propuesta de creación de un sistema nacional de salud, con alta descentralización, si bien es cierto le apunta a resolver los problemas de eficiencias, transaccionales y de calidad que el actual modelo no ha podido superar a través de la competencia de aseguradoras, podría generar mayores ineficiencias y, lo más preocupante, mayor corrupción, dado los antecedentes de la administración pública en Colombia.
  3. Se destaca que el candidato Petro coloque en la agenda pública, de manera prioritaria, la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y el fortalecimiento de la red pública hospitalaria.
  4. El programa de salud hace especial énfasis en el control de precios de tecnologías en salud mediante mecanismos fuertes de regulación, como por ejemplo, la declaratoria de interés en salud pública, lo que podría generar mayores tensiones con la industria farmacéutica y posibles barreras a la llegada de tecnologías innovadoras al país.
  5. La propuesta de eliminación de las aseguradoras (EPS y ARL) constituye una reforma muy significativa a todo el sistema de seguridad social de Colombia, lo que implica i. un apoyo político muy grande, ii. una estructuración jurídica compleja, iii. recursos financieros para solventar las deudas adquiridas y poner en marcha un nuevo sistema de salud y iv. La creación de una enorme capacidad administrativa por parte del Estado, ausente en el momento. Todo esto compromete la viabilidad, por lo menos en el corto plazo, de la propuesta. Por otro lado, las implicaciones sobre la industria farmacéutica son de cierto modo incierta, en tanto que el nuevo sistema de salud tendría que desarrollar todo un modelo contractual y operativo de adquisición, distribución y entrega de medicamentos y dispositivos médicos. Basados en lo que se pudo observar en la administración en la Alcaldía de Bogotá, es inquietante que se pudiera generar un traumatismo mayor tanto para la operación de las compañías farmacéuticas como para el acceso inmediato por parte de los pacientes.
  6. Finalmente, la propuesta de financiamiento sin restricciones por parte del gasto público de tecnologías en salud no excluidas por la Ley Estatutaria en Salud, deja interrogantes sobre la disponibilidad de recursos fiscales para garantizar todas las prestaciones existentes, más aún, de alguna manera entra en tensión con la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional que aborda la contribución de los afiliados del sistema de salud, limitando los subsidios del Estado, dependiendo de la capacidad de pago de estos.